La organización agraria alerta de que algunas de las primeras propuestas de compra de uva para cava se sitúan entre los 0,25 y los 0,30 euros por kilo y reclama responsabilidad a bodegas y grandes compradores.

A UNIÓ Llauradora denuncia los primeros precios de compra de uva blanca con destino cava que se están planteando para esta vendimia y advierte de que se encuentran por debajo de los costes de producción.

Según señala la organización, en estos momentos se están barajando precios de alrededor de 0,30 euros por kilo en Jaume Serra, del Grupo García Carrión; 0,25 euros en Celler Can Pagès, y 0,30 euros en Vins Font.

LA UNIÓ considera que estas cotizaciones pueden situarse prácticamente en la mitad del coste de producción de referencia y advierte de que, si se confirman, supondrían trasladar de nuevo al viticultor las dificultades económicas y comerciales del sector.

La organización también muestra su preocupación por posibles fórmulas comerciales que puedan reducir el precio medio realmente percibido por los agricultores. Señala, por ejemplo, que en algunos casos solo alrededor del 70 por ciento de la uva podría pagarse al precio anunciado, mientras que el 30 por ciento restante podría llegar a abonarse a 0,12 euros por kilo.

Ante esta situación, LA UNIÓ reclama que el precio anunciado refleje realmente lo que recibe el productor y recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria establece que el precio percibido debe ser superior al coste efectivo de producción. La organización asegura que hará públicos los precios oficiales cuando estén disponibles y denunciará los posibles incumplimientos.

La organización agraria considera que esta vendimia puede marcar un punto de inflexión para el sector vitivinícola y defiende que no puede existir sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica. Por ello, reclama a bodegas, cooperativas y grandes compradores que actúen con responsabilidad y rectifiquen unos precios que, a su juicio, amenazan la rentabilidad de las explotaciones.

EL RESTO DE VARIEDADES, TAMBIÉN A LA BAJA

LA UNIÓ también alerta de la situación de las variedades tintas de distintas denominaciones de origen, cuya comercialización resulta especialmente complicada. En este contexto, vuelve a reclamar el arranque social de viñedos como una medida para adaptar la producción a la demanda.

Por otro lado, la organización critica que el Gobierno de España no haya activado las ayudas extraordinarias al viñedo previstas en la legislación y reclama el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Según LA UNIÓ, esa norma contempla un fondo de 370 millones de euros, de los que 85 millones estarían destinados al viñedo de secano, para apoyar a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el incremento de los costes.

La organización reclama además al Gobierno que solicite apoyo económico a la Unión Europea para la destilación de crisis, una medida destinada a reducir la oferta y contribuir al reequilibrio del mercado, y recuerda que Francia y Alemania ya dispondrán de fondos para esta herramienta.