La víctima logró escapar del maletero de su propio vehículo en una gasolinera de Petrer tras permanecer retenida durante dos días

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha culminado con la detención en Jalance de un hombre de 30 años y una mujer de 22, acusados de detención ilegal, agresión sexual, lesiones, robo de vehículo y uso fraudulento de tarjeta bancaria.

La investigación comenzó después de que varios ciudadanos alertaran al 091 al observar a una mujer maniatada salir del maletero de un vehículo y refugiarse en una estación de servicio de Petrer, en la provincia de Alicante.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional de Elda-Petrer, que encontraron a la víctima en estado de shock, con las manos atadas mediante una cuerda y la boca cubierta con un calcetín sujeto con cinta adhesiva.

Según relató la mujer, los ahora detenidos llevaban varios días alojados en su domicilio de Guardamar del Segura. Allí la habrían retenido durante dos días, la habrían agredido sexualmente y la obligaron a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias. Posteriormente, la introdujeron en el maletero de su propio vehículo para trasladarla, momento en el que consiguió escapar durante una parada en Petrer.

Tras difundirse una alerta policial sobre el vehículo utilizado en la huida, una patrulla de la Guardia Civil lo localizó en Jalance. Los agentes identificaron y detuvieron a sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, que coincidia con la descripción emitida.

Durante la inspección del coche, realizada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena, se localizaron un cuchillo de cocina de 33 centímetros, restos de cuerdas y cinta utilizados presuntamente para inmovilizar a la víctima, más de 4.200 euros en efectivo y varios teléfonos móviles adquiridos con la tarjeta bancaria de la perjudicada.

Las investigaciones permitieron determinar que los detenidos realizaron extracciones de dinero, transferencias bancarias e intentaron solicitar créditos a nombre de la víctima, ocasionándole un perjuicio económico superior a los 24.000 euros.